El sueño de los cooperativistas se tornó en pesadilla. Los precios de sus viviendas no dejaron de crecer y se les reclamaban constantemente nuevos pagos. A muchos, la VPO les salió cara.
Mucho se ha hablado de los cooperativistas de Mariturri afectados por una presunta estafa inmobiliaria, aunque los tentáculos de esta supuesta trama, aún bajo el ojo judicial, se extienden también por diversas promociones de Salburua. "Hay de todo. Promociones poco avanzadas, medio hechas y casi completadas, repartidas por un montón de parcelas", apunta el abogado de los cooperativistas, Javier Martínez de San Vicente. Sus clientes han demandado a los tres máximos responsables de la firma Gestnorte XXI, encargada de los asuntos de las cooperativas. Les acusan de haber concedido los contratos para la construcción de los inmuebles a empresas bajo su control, que a su vez se dedicaron supuestamente a inflar los precios para lucrarse a costa de los afectados. La situación ha llegado a límites tan surrealistas que, tal y como atestigua el letrado, hay Viviendas de Protección Oficial concedidas a las cooperativas, de
Los afectados que han depositado sus esperanzas en Martínez de San Vicente pertenecen o han pertenecido a seis cooperativas dedicadas a la construcción de viviendas en régimen de VPO. Muchos de ellos, como queda reflejado en sus denuncias, fueron instados a entregar distintas cantidades de dinero negro "sin obtener recibo alguno" para poder entrar a formar parte de la cooperativa y que se les adjudicara una vivienda. Firmaron contratos privados cuyas copias nunca les fueron entregadas y desconocían la identidad tanto de sus compañeros cooperativistas como de los responsables de los consejos rectores.
Nunca se celebraron asambleas en estas cooperativas, pero sí que se les solicitaba que, regularmente, firmaran documentos bajo la amenaza de que si no signaban su rúbrica en los mismos perderían su condición de adjudicatarios y, por ende, las cuantías entregadas a cuenta. Una serie de extrañas circunstancias que, tal y como constata el juez del Juzgado de Primera Instancia número cinco, ocultaban una serie de autocontratos entre empresas situadas en la órbita de los responsables de Gestnorte. "Se hicieron constar conceptos que no se han realizado y, sobre todo, precios, muy superiores a los de mercado, que podemos calificar como abusivos", apunta en sus denuncias el abogado de los vecinos.
Pero, ¿a dónde ha ido a parar el dinero adelantado por estas 300 familias? Pues, tal y como señala la parte demandante en su exposición, los denunciados se han dedicado a realizar con él "importantes inversiones" por medio de otras sociedades.
Por todo ello, los afectados exigen que se les procese por los supuestos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa continuada y delitos societarios. En un mes y medio se sabrá si la juez está de acuerdo.
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